martes, 8 de octubre de 2013

La justicia inefable

La justicia española, eterna asignatura pendiente... Casos y casos que se amontonan en juzgados colapsados, voces ya roncas de clamar una solución a la congestión de una administración vital para la convivencia ciudadana. Con todo, peores son aún las demostraciones de "implacabilidad" a que nos están (mal) acostumbrando los tribunales encargados de impartir la susodicha. Hagamos un somero repaso.

            El Rafita, un veintiañero de lo mejorcito de su casa, violó, asesinó y quemó a la deficiente mental Sandra Palo. Hoy día disfruta de absoluta libertad y en sus ratos libres -vamos, todo el día- sigue dando palitos por doquier.

            De Juana Chaos, un criminal etarra que asesinó a veinticinco personas, solo estuvo en prisión diecinueve años... Ni siquiera a año por cada una de sus víctimas.

            Miguel Carcaño, violador y asesino de Marta del Castillo, empezará a disfrutar de permisos carcelarios el año que viene, cuando ha mentido todo lo que le ha venido en gana sobre el paradero del cadáver de su víctima, que casi cinco años después sigue sin aparecer para desesperación de su familia y sarcasmo de toda la sociedad.

            Las sentencias del caso Malaya son para desternillarse de risa. El mayor escándalo de corrupción municipal -con todos los que hay, más los que no se conocen- se ha saldado causando verdadero estupor. Pongo como ejemplo la sentencia mas "dura" de todas, la del cerebro de la operación, Juan Antonio Roca: solo once años de prisión -que ya veremos en qué quedan- y 240 millones de multa, que por supuesto no pagará. Porque esa es otra; en casos de saqueo de arcas públicas, se imponen penas menores y el dinero robado... ¡jamás aparece! La conclusión no puede ser más didáctica: trae cuenta ser corrupto y forrarte todo lo que puedas, pues apenas se castiga. Y otra conclusión, igualmente desalentadora: ya podemos vislumbrar que prácticamente en nada quedarán casos como el de Bárcenas o los ERE falsos de la Junta de Andalucía.

            Y a todo esto vengo a enterarme que sale en libertad condicional después de trece años en prisión -aunque desde hace varios en tercer grado- el general Galindo, del que apenas ya nos acordábamos. Este general de la Guardia Civil, que dirigió en años duros la complicada lucha contra la ETA desde el cuartel de Inchaurrondo -donde los civiles y sus familias viven literalmente atrincherados en medio de un ambiente ultra hostil-, fue condenado a 75 años por asesinar a dos jóvenes a los que confundieron con etarras. Si fue así, bien está que lo pague, pero, qué queréis que os diga... comparando este caso con los anteriores, la cosa rechina. Porque Galindo abusaría de su autoridad, pero en su anverso figura una apabullante hoja de servicios al Estado que sitúan a su figura muy lejos de la escoria que representan los asesinos que he citado con anterioridad.


            España es un Estado de Derecho, y en el mismo dicen que se impone el imperio de la ley. Será así, pero si alguien entiende esta justicia que haga el favor de explicármela.

1 comentario:

  1. Muy sencillo Juan, cuando ladrones son quienes hacen las leyes... ¿no esperarás que los castigos sean muy severos? Más bien al contrario, imponen posibles castigos severísimos a las fuerzas del orden por si se cuelan un poquito en sus modus operandis...

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